La empresa solo responde cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de prevención de delitos


Xavier Gil Pecharromán

16/03/2016 – 17:28

La empresa solo responde cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de prevención de delitos – elEconomista.es 

  • Dice el Supremo en su segunda sentencia, que el proceso penal no discurre con una doble vía probatoria: una para la persona física y otra de la jurídica
  • La empresa no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas que la componen. Sólo responde cuando se hayan «incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso».

Así, se establece en la segunda sentencias obre la responsabilidad penal de las personas físicas, que emite el Tribunal Supremo, en la que se asienta el principio de que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se produce a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física».

El texto, de 2 de marzo de 2016 y del que es ponente el magistrado Manuel Marchena -Presidente de la Sala Segunda-, sienta también como jurisprudencia, que la imposición de penas a las personas jurídicas «multa, disolución y pérdida definitiva de su personalidad jurídica, suspensión, clausura de sus locales y establecimientos, inhabilitación e intervención judicial- exige del fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física».

En este sentido, rechaza que el proceso penal discurra con una doble vía probatoria: una, la prueba de la acción de la persona física y otra, la declaración de responsabilidad penal de la personalidad jurídica.

Dice también la sentencia, que en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el fiscal acredite la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión.